El miércoles 1 de febrero tuvo lugar en el IESE la presentación del estudio: “La licitación electrónica en el sector público español. Presente y Futuro” y dirigido por el profesor José Ramón Pin, Titular de la Cátedra de Gobierno y Liderazgo en la Administración Pública de IESE Business School.
Según el informe la contratación pública en España representa aproximadamente el 15% del PIB nacional, por lo que cualquier mejora de procesos en este sentido tendría un impacto muy significativo. Generalizar la licitación electrónica permitiría una reducción anual del gasto público superior a los 541 millones de euros para el conjunto de entidades locales.
Países de la Unión Europea como Inglaterra o Portugal ya han implementado la licitación electrónica y han conseguido importantes ahorros. En Noruega, gracias a la plataforma Ehandel, las autoridades están logrando reducir entre un 20% y un 40% los plazos de realización de pedidos, recepción de mercancías y facturación, y obteniendo una reducción de precios que oscila entre el 2% y el 10%.
En España, muchos organismos cuentan con perfiles del contratante o sistemas de gestión de expedientes, pero pocos han abordado la licitación electrónica (desde la publicación de los pliegos hasta la adjudicación).
La contratación electrónica facilita la concurrencia a que incrementa la transparencia en las compras públicas y, según expetos, la licitación electrónica produce un efecto positivo para el tejido empresarial, ya permite que, incluso la más pequeña de las empresas, se expanda geográficamente y amplíe su cartera de clientes.
Por su parte, la Comisión Europea, en la Agenda Digital, planea el patrocinio de un Libro Blanco de la Comisión en el que se esbozarán las medidas que la Comisión pretende adoptar para establecer una infraestructura de contratación pública electrónica interoperable e interconectada.
- Antes de 2014: obligatoriedad de realizar notificaciones electrónicas en todos los procedimientos y de que los licitadores tengan acceso electrónico a todos los documentos de los concursos. Además se implantará la obligatoriedad de utilizar medios electrónicos para compras habituales o agregadas: centrales de compras o subastas electrónicas.
- Junio 2016: obligatoriedad completa de licitar electrónicamente.
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